Patrimonio y ética de nuestros gobernantes

Según consta en el Registro de Actividades y de Bienes Patrimoniales de altos cargos publicado hace pocas fechas por el Boletín Oficial de Estado (BOE), estos son algunos de los patrimonios de nuestros gobernantes. Por supuesto aquí no se incluyen las hipotéticas rentas de sus respectivos cónyuges, que casi con toda certeza, en algunos casos, superan la de sus parejas.

 

• Mariano Rajoy (Presidente del Gobierno): 1.261.230 euros.
• Miguel Arias Cañete (Ministro de Agricultura): 1.731.949 euros.
• Luís de Guindos (Economía): 1.132.970 euros.
• José Manuel Soria (Industria): 1.238.297 euros.
• Pedro Morenés (Defensa): 1.072.119 euros.
• Fátima Báñez (Empleo): 1.016.731 euros.
• José Manuel García Margallo (Exteriores): 948.504 euros.
• José Ignacio Wert (Educación): 851.522 euros.
• Cristóbal Montoro (Hacienda): 735.015 euros.
• Alberto Ruíz Gallardón (Justicia): 453.219 euros.
• Jorge Fernández (Interior): 442.085 euros.
• Ana Mato (Sanidad): 392.086 euros.
• Ana Pastor (Fomento): 185.731 euros.
• Soraya Sáenz de Santamaría (Vicepresidenta): 310.082 euros.

 

Como he leído en algún sitio, la riqueza de nuestros gobernantes contrasta con un tiempo en el que se impone la sobriedad y alimenta el debate sobre su idoneidad para aplicar políticas de austeridad cuyos efectos ni sufrirán ni tal vez calibren adecuadamente, además de poder haber conflictos de intereses.

 

Norbert Bilbeny, catedrático de Ética en la Universidad de Barcelona subraya: “Que el político sea rico, formalmente es una cuestión que no ofrece ningún problema, pero éticamente es muy discutible, ya que no deja de ser una paradoja que acaba en una real contradicción. Se trata de una persona afortunada que va a juzgar situaciones desafortunadas con la presunción de que no se verá afectado por su veredicto”.

 

 

Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid redunda en la misma cuestión y admite la posible mayor insensibilidad de quien tiene que tomar una decisión teniendo grandes dificultades para "ponerse en la piel de quien la sufrirá".

 

Otro problema potencial según Bilbeny es el de la arrogancia, que "es un vicio público que, en caso de existir, es muy criticable". Se trata de un tipo de comportamiento de prepotencia que se detecta en alguno de estos casos, de personas que, por su elevado patrimonio, actúan en la esfera pública como si estuviesen por encima del resto.

 

Según Joan Botella, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, la presencia de millonarios en el Gobierno no plantea un problema, pero sí lo hace la falta de "gestos de generosidad" de los potentados españoles ante la dramática coyuntura del país. Y recuerda que en países como Francia o Estados Unidos hubo manifestaciones de las personas más ricas en demanda de una mayor presión fiscal, para contribuir a la recuperación económica, movimiento que en España no se ha producido, mientras persiste el problema de la baja tributación de las rentas del capital. En este contexto, Botella sí entiende que pueda escandalizar que haya millonarios aplicando políticas de ajuste, de recortes de salarios o reducción de personal.

 

Creo sinceramente que el gran patrimonio de algunos de nuestros políticos invita a la reflexión y cabe preguntarse cómo es posible que gente con semejantes “fortunas” y que, además, gozan de magníficos sueldos, magníficas prebendas y muchos privilegios, puedan ponerse en el lugar de quien está pasándolas canutas, o bien porque está parado, o bien porque "disfruta" de sueldos paupérrimos que apenas le llegan para sobrevivir. La respuesta es que de ninguna manera es esto posible y nunca llegará a ocurrir. ¡Así nos va!

 

Marco Atilio

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